La reforma política del Distrito Federal

Por estos días se dio a conocer que el Senado de la República se encuentra discutiendo y en vías de aprobación de los acuerdos que permitirían iniciar la reforma política del Distrito Federal, cuyo paso más notorio sería el próximo año con la elección de un Congreso Constituyente que se encargaría de elaborar la Constitución de lo que en proyecto se llamaría Ciudad de México y ya no Distrito Federal.

La propuesta de reforma incluye que las actuales Delegaciones pasen a convertirse en Alcaldías, mismas que quedarían integradas por concejales. Es decir, no se convierten en municipios debido a que la Ciudad de México no sería un Estado y por lo tanto el Gobierno de la Ciudad de México podría conservar ciertas funciones que el artículo 115 Constitucional señala que le están reservadas a los municipios tales como la seguridad pública.

Después de tantos años de lucha para conseguir que ese estatus imaginario de “ciudadanos de segunda”, que pesaba sobre los capitalinos al no poder elegir a un congreso local ni ayuntamientos fuera erradicado, pareciera una buena noticia, salvo por dos observaciones fundamentales, una de carácter político y una de carácter funcional.

Comienzo por esta última, lo funcional. Resulta que a la par de esta discusión en el Senado, también se encuentra detenido el debate sobre la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, misma que, dicho sea de paso, cuenta con numerosas inconsistencias constitucionales de las cuales solo mencionaremos la que nos compete, el orden metropolitano. Resulta que actualmente uno de los mayores inconvenientes en la administración y gestión de las ciudades es el fenómeno metropolitano que fragmenta entre varias entidades políticas la prestación de los servicios públicos debido a la autonomía municipal.

El debate legislativo plantea la cuestión sobre la integración de una entidad metropolitana supramunicipal, pero sin llegar a ser un estado, para la prestación de servicios como la seguridad pública, el agua potable, el alcantarillado, la movilidad y el control de la contaminación en las zonas metropolitanas. De acuerdo al marco jurídico actual el camino no es crear un nuevo orden de gobierno, lo cual sería inconstitucional, sino el fortalecimiento del asociacionismo y coordinación municipales.

Sin embargo, la reforma política del DF plantea que las autoridades de nivel “municipal”, en este caso las nuevas alcaldías, no tendrían las facultades completas de un municipio, lo que en principio lleva la prestación de ciertos servicios públicos “sensibles” a manos de la autoridad a nivel “estatal” en este caso, el Gobierno de la Ciudad de México, con lo que se logra una integración en la prestación de estos servicios independientemente de lo que decidan los eventuales concejos de alcaldía.

Esto constituye la configuración de un nuevo tipo de entidad federativa que ni es estado ni es territorio ni es distrito federal y claramente está sobre el municipio. Es un tipo de entidad federativa más enfocada en la administración de un centro urbano, sus características dejan en claro que está pensada para hacer funcionar los mecanismos adecuados de control de los principales sistemas urbanos con un poco de avance en la homologación de los derechos políticos entre los ciudadanos capitalinos y los de otras entidades federativas. Entonces si aglutina los aspectos más sensibles (y más complejos) de lo municipal pero permitiendo el ejercicio de los derechos políticos básicos de los ciudadanos ¿Podría este nuevo tipo de entidad federativa ser una solución para el manejo de las zonas metropolitanas del país?

Cabe preguntarse dos cosas, la primera es, si el Gobierno del Distrito Federal seguirá administrando los servicios más importantes, entonces ¿sobre qué asuntos específicos decidirán las nuevas autoridades de las alcaldías? Y segundo, en una ciudad que necesita de la integración en la prestación de los servicios públicos ¿realmente necesitamos una estructura política adicional, quasicabildos, para decidir hacer poda en un parque, reparar los camiones de basura o reparar fugas?

Y esto nos lleva a la otra reflexión, la política. Un sistema de alcaldías generaría un gobierno de pesos y contra pesos, esto ha sido mencionado por los impulsores de la propuesta como una gran ventaja. ¿Ventaja para quién? ¿Quién se beneficia de que existan en las actuales delegaciones concejos de alcaldía? En una ciudad casi completamente gobernada por un partido político, el mayor ganador con tal propuesta sería el partido principal que actualmente no tiene ninguna representación en el gobierno, salvo en la Asamblea. Pero de existir consejos de alcaldía y dependiendo de lo que se apruebe, el principio de representación proporcional para la integración de ayuntamientos y alcaldías le permitiría a los partidos políticos tener representatividad y puestos de poder en las delegaciones aunque no ganaran la elección. No es de sorprender que los tres partidos mayoritarios estén llegando a acuerdos para sacar adelante esta propuesta.

Al parecer a nuestros senadores les parece más importante crear nuevos puestos de representación popular ante la consulta pública para la reducción de plurinominales en el congreso que sacar adelante la reforma urbanística del estado mexicano que tanta falta nos hace para no seguir generando ciudades desarticuladas, ineficientes y poco humanas.

Nos leemos pronto!

(Foto: Erick Angeles)

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